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Ah, Ismael "El Mayo" Zambada, el último gran "empresario" del crimen organizado mexicano, finalmente decidió "echar la sopa" —o al menos, fingir que lo hace— ante la justicia de Estados Unidos. El "capo protegido por excelencia" se declaró culpable de todo el repertorio criminal imaginable: conspiración para extorsión, dirigir una organización criminal y, la cereza del pastel, haber introducido a la superpotencia del norte la módica cantidad de 1.5 millones de kilos de cocaína, además de marihuana, anfetaminas y el letal fentanilo, a lo largo de 44 años. ¡Un verdadero visionario, iniciando su "carrera" a los 19 años en 1969!.
La escena en Nueva York fue, por supuesto, un espectáculo inaudito. Fiscales y directores de agencias estadounidenses como la FBI, ICE y la DEA se dieron cita para celebrar esta "victoria histórica". Pamela Bondi, la fiscal, lo sentenció a "morir en una prisión federal estadounidense, donde pertenece". Y es que, para Estados Unidos, el caso de El Mayo es un cheque en blanco para "presionar aún más a México" y su Cuarta Transformación, pues Zambada es una "moneda de cambio".
Lo más "jugoso", sin embargo, fue la "confesión" de que el Cártel de Sinaloa "alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes, militares y políticos". Una verdad tan obvia que ya "no hay secretos para Estados Unidos". Irónicamente, esta red de corrupción abarcó "administraciones municipales, estatales y federales correspondientes a todos los partidos políticos". Es decir, todos sabían, pero "dejaron pasar por miedo o complicidad". Ante esta revelación que deja a la clase política mexicana "en entredicho", la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró "incómoda" y recalcó que "cualquier tema que tuviera que ver con México 'tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República'". Parece que el elefante en la sala —o en Palacio Nacional— requiere de papeleo antes de ser reconocido.
El abogado de Zambada, Frank Pérez, juró que su cliente "no dará nombres", una declaración que choca con la confianza de los funcionarios estadounidenses, quienes "ya los tienen esos nombres". Y mientras El Mayo enfrenta una multa de 15 mil millones de dólares —el valor de todo un imperio corporativo oculto con lecherías, constructoras y parques acuáticos—, la presidenta Sheinbaum afirma no estar "preocupada", pues, ¿para qué preocuparse si "no tienen pruebas" o, mejor aún, si las "disputas... se resuelven en México"? Es una oportunidad de "limpieza profunda" que México, con su proverbial inacción, probablemente dejará pasar, mientras los cárteles sigan diciendo, como Zambada le dijo a Julio Scherer: "Si me atrapan o me quiebran, nada cambia".
